POLÉMICA
 

El Gobierno deroga el decreto que podía haber vetado los silos y el biodiésel en el Puerto de Alicante

La Ley de calidad del aire que entró en vigor el día 16 deroga el decreto sobre la distancia mínima con viviendas en el que se basaban los colectivos opuestos a los silos y al biodiésel en el Puerto.

CLARA R. FORNER

La nueva Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, que entró en vigor el pasado 16 de noviembre, ha derogado el reglamento al que se acogían los colectivos contrarios a la instalación de la planta de biodiésel y de los silos de cemento en el Puerto de Alicante para oponerse a estas instalaciones en función de la proximidad de ambas plantas a sus viviendas. Concretamente, el artículo 4 de la citada normativa establecía que «las industrias fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o insalubres, sólo podrán emplazarse, como regla general, a una distancia de 2.000 metros a contar del núcleo más próximo de población agrupada».El Gobierno ha aprobado la citada ley con el objetivo de «actualizar y adecuar la capacidad de acción frente a la contaminación atmosférica», según reza el preámbulo de la ley. En consecuencia, establece una serie de obligaciones para las administraciones con el objetivo de limitar las emisiones de productos contaminantes a la atmósfera. Por ejemplo, señala que «los municipios con población superior a 100.000 habitantes» deberán adoptar planes «para el cumplimiento y mejora de los objetivos de calidad del aire, en el marco de la legislación sobre seguridad vial y de la planificación autonómica».Pero, además, la ley incluye una disposición que deroga el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. El reglamento sólo seguirá vigente en las comunidades que no tengan normativa propia en esta materia, pero en la Comunidad Valenciana rige la Ley de Calidad Ambiental que no hace mención a la cuestión de las distancias.Los colectivos ciudadanos que se han opuesto a la instalación de los silos de cemento y de la planta de biodiésel en el Puerto alegaban, entre otras razones, que estas instalaciones no estaban situadas a más de 2.000 metros de sus viviendas y que eran ilegales.En todo caso, la Ley de calidad del aire establece también que «los poderes públicos adoptarán cuantas medidas sean necesarias para alcanzar un nivel de protección elevado de las personas y del medio ambiente» y que las Administraciones «estarán obligadas a velar por que la calidad del aire se mantenga dentro de los límites legales establecidos».


El texto legal incluye en su anexo IV un catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera en la que se incluyen productos como el cemento o almacenamiento y manipulación de productos químicos.